Elecciones 2026: del debate democrático a la confrontación permanente

Este artículo fue publicado originalmente en Delfino.cr. Lo comparto aquí como parte de mis reflexiones sobre comunicación política, cultura democrática y el clima del debate público en Costa Rica.

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Costa Rica vive las últimas horas de la campaña electoral. El reloj corre y el margen de error se acorta. En pocos días elegiremos a quien ejercerá la Presidencia de la República y a una nueva Asamblea Legislativa. Sin embargo, estas no son unas elecciones normales. Por primera vez, la confrontación política sistemática, el matonismo discursivo y la deslegitimación abierta de la institucionalidad democrática se han convertido en factores centrales de la competencia electoral. Esto vuelve el proceso especialmente delicado y exige de la ciudadanía una reflexión profunda sobre el sentido y las consecuencias de su voto.

En este escenario, la comunicación no es un accesorio: es el terreno donde se construyen las percepciones, los liderazgos y los climas sociales. Una comunicación política bien articulada permite traducir propuestas complejas en mensajes comprensibles y coherentes para públicos diversos, sin traicionar la esencia del proyecto político ni del liderazgo que lo encarna.

Desde esa relación entre comunicación y poder, el actual ciclo político resulta especialmente ilustrativo. Durante estos cuatro años, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves ha impulsado una estrategia marcada por la confrontación permanente con múltiples sectores —instituciones, prensa, academia, organizaciones civiles y actores políticos—, utilizando la polarización y la creación de antagonismos como eje central de movilización. Esta lógica ha desplazado el debate sobre propuestas y soluciones, sustituyendo la gestión por el conflicto y el espectáculo.

Esa confrontación tampoco se ha limitado al plano retórico. Se ha traducido en choques constantes con los sistemas de control y fiscalización y en una campaña sostenida de deslegitimación de la prensa. El resultado ha sido una erosión de la credibilidad institucional y un debilitamiento de los contrapesos democráticos, con efectos directos sobre la calidad del debate público.

Este clima ha tenido también consecuencias sociales. La creciente agresividad en redes y espacios públicos, impulsada por seguidores oficialistas que replican la lógica confrontativa de su liderazgo, ha generado temor en muchas personas para expresarse libremente. La discusión política se ha vuelto, para muchos, un terreno hostil.

Al mismo tiempo, esta forma de comunicación irrumpió en un sistema político que no estaba acostumbrado a una lógica tan agresiva y deslegitimadora. La oposición, formada en marcos de confrontación más regulados por códigos democráticos compartidos, no supo inicialmente cómo leer ni cómo responder a esta dinámica.

Sin embargo, esa práctica comenzó a mostrar fisuras recientemente. Durante buena parte de la campaña se había reproducido con relativa eficacia el estilo confrontativo del presidente. Pero el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones marcó un punto de inflexión. La candidata oficialista intentó emular esa lógica —frases confrontativas, escasa argumentación y una actitud corporal agresiva— sin lograr el mismo efecto. La estrategia no funcionó y evidenció las limitaciones de trasladar automáticamente un estilo de liderazgo a otro contexto.

Ese reordenamiento volvió a confirmarse en el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina. En términos generales, las candidaturas de Claudia Dobles, Ariel Robles y Álvaro Ramos mostraron solidez en el manejo del intercambio, claridad expositiva y capacidad para expresar ideas y propuestas de manera estructurada. Hubo matices, por supuesto: José Aguilar continúa apoyándose principalmente en su presencia escénica como principal capital comunicacional, aunque sin lograr traducirla plenamente en profundidad programática; y Fabricio Alvarado enfrentó con firmeza los cuestionamientos planteados por la candidata oficialista. En contraste, volvió a hacerse evidente la dificultad de Laura Fernández para articular propuestas y sostener una argumentación consistente.

Ambos debates, además, reivindican el valor del propio ejercicio democrático del debate como herramienta para contrastar liderazgos, evidenciar madurez política y permitir a la ciudadanía evaluar capacidades reales para gobernar.

A este panorama se suma el debate transmitido por Repretel. Más allá de lo fatigante que resultó el formato —extenso, fragmentado y con una dinámica que dificultó la construcción de un hilo argumental claro—, el intercambio no favoreció una exposición particularmente ordenada o pedagógica de las propuestas por parte de las candidaturas participantes. En varios momentos fue posible identificar aproximaciones prácticas con algún nivel de sustento técnico, aunque sin lograr consolidar una discusión profunda ni un contraste real de modelos de país.

Desde una perspectiva de comunicación no verbal, el caso de la candidata oficialista permite una lectura esencialmente funcional e instrumental. Se observó un mayor control de la expresividad corporal y de la reactividad emocional en comparación con apariciones anteriores, lo que apunta más a un ajuste táctico de entrenamiento comunicacional orientado al control del impacto que a una auténtica disposición al diálogo democrático. Esta contención, sin embargo, no se tradujo en mayor claridad conceptual ni en una voluntad consistente de responder de manera directa las preguntas planteadas, manteniéndose patrones de evasión que debilitan la credibilidad del mensaje.

En ese sentido, la mejora aparente en el plano gestual no compensó las limitaciones de fondo: persistió una narrativa defensiva, poco propositiva y con baja densidad argumentativa. El propio formato del debate —al privilegiar la fragmentación y la reiteración de intervenciones breves— terminó además por amplificar la sensación de desgaste y bajo involucramiento ciudadano, diluyendo el valor del debate como espacio de deliberación sustantiva.

A partir de estos episodios, muchas personas han comenzado a perder el temor a expresarse. Se percibe un incipiente “envalentonamiento” ciudadano: el ciudadano de a pie empieza a decir basta y a recuperar su voz. En un país donde las elecciones solían vivirse como una fiesta cívica, hoy transitamos hacia un escenario de tensión electoral, donde opinar puede implicar exponerse a ataques o intimidaciones.

Este cambio de clima obliga a leer con cautela las encuestas. Cuando el miedo condiciona la expresión pública, los números pueden no reflejar con precisión el ánimo real del electorado. Tal vez no estemos solo frente a una lucha por el segundo lugar; quizá estemos interpretando de manera incompleta un momento social más volátil y dinámico de lo que parece.

Estas elecciones confirman que la comunicación no solo acompaña a la política: la configura. Cuando la comunicación se concibe como un instrumento de control y no como una herramienta de diálogo, deliberación y construcción colectiva, la democracia se empobrece y la convivencia se vuelve frágil.

Pasar de la fiesta electoral al temor electoral no es un dato menor: es una señal de alerta institucional y cultural. En ese contexto, el voto deja de ser un simple acto procedimental para convertirse en un acto consciente de defensa democrática. Reflexionar, contrastar liderazgos, exigir coherencia y rechazar la normalización de la confrontación como forma de gobierno no es solo una opción política: es una responsabilidad ciudadana frente al país que queremos seguir siendo.

Publicado originalmente en:

https://delfino.cr/2026/01/elecciones-2026-del-debate-democratico-a-la-confrontacion-permanente

Sobre el autor

Carlos Quesada es politólogo y estratega en comunicación con más de 30 años de experiencia en comunicación institucional, diplomacia pública y estrategia de posicionamiento. Es director de Intuitiva Comunicaciones, firma especializada en comunicación estratégica, imagen pública y relaciones institucionales en Costa Rica.

Ha trabajado en organismos internacionales como la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Arias para la Paz.